Venía adquiriendo inercia en la última década, y con la aparición de la crisis de la COVID-19 y su consecuente inestabilidad, ha terminado de consolidarse como tendencia empresarial de referencia. El gobierno corporativo ya no es un ideal exclusivo de empresas vanguardistas.
Las compañías compiten en materia de liderazgo conscientes de que de la calidad de la gerencia depende, no solo el buen funcionamiento operativo de los procesos, sino también el éxito en los procesos de financiación, el reconocimiento público y hasta la facilidad de negocios B2B.
Tal y como recoge Cepyme, “la transparencia en las operaciones intra y extra societarias, la calidad de la información económico-financiera y la rendición de cuentas allanan el camino hacia los recursos financieros”. Y esta pasa, efectivamente, por un buen gobierno corporativo.
Por todo ello, hoy en MÁSMÓVIL Negocios abordamos esta importante gestión de intangibles adaptada al contexto de la crisis y a las distintas normativas que abordan la responsabilidad de las empresas en dicha cuestión.
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¿Qué es un gobierno corporativo?
Se tiende a emplear como sinónimo de liderazgo, pero su significado abarca mucho más que la simple gestión de equipos y recursos. El gobierno corporativo es, en realidad, el conjunto de normas que estructuran el funcionamiento de los órganos directivos de la empresa.
“Establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor”, apuntan desde Deloitte.
¿Qué sucede en las pymes? Sin tanta jerarquía de por medio, para estas empresas el Buen Gobierno se concreta en los principios que rigen toda regla sujeta a la transparencia ética.
En realidad, ya sea una multinacional o una micropyme con dos empleados, el gobierno corporativo está siempre hablando de la capacidad del negocio para adaptarse a los cambios y reaccionar frente a la competencia y a imprevistos de mercado.
El ingrediente base de la sostenibilidad
Para Antonio Garamendi, actual presidente de la CEOE, el gobierno corporativo es la llave que abre la puerta del “Círculo Virtuoso de la Sostenibilidad”. “La sostenibilidad económica, social y medioambiental de la empresa debe basarse en su rentabilidad”.
“Y sobre ella apoyar el resto de factores que permiten crecer, elevar la competitividad, atraer talento e inversiones y, en definitiva, crear valor, ser útil a la sociedad y generar en ella progreso y bienestar”.
Bajo este enfoque, el Buen Gobierno es sinónimo de Compliance en tanto que se sustenta sobre principios éticos beneficiosos para todos. Así, una empresa con unas normas adecuadas logrará una asignación eficiente de recursos, evitará sanciones y garantizará el futuro del negocio.
Esta sostenibilidad aumenta el atractivo de la empresa frente a inversores, dispone de intangibles para retener talento, y construye el terreno ideal para un cultura de innovación abierta.
El negocio, por tanto, termina siendo mucho más competitivo. “Este fondo de maniobra de sostenibilidad permite retroalimentar el ciclo y estar en disposición de mejorar los procesos y/ o de acometer nuevos proyectos”.
¿Qué regula un gobierno corporativo?
Aunque su aplicación varía de empresa a empresa, todo Buen Gobierno abarca una serie de materias fundamentales para la articulación posterior de procesos y decisiones coherentes con los objetivos de sostenibilidad de la empresa.
Deloitte numera alguno de los preceptos más habituales sobre los que actúa el gobierno corporativo:
- Toma de decisiones: todo aquello relacionado con la dirección estratégica y las políticas corporativas. Es decir, que afectará al M&A, a la viscosidad de la jerarquía y hasta al nombramiento de ejecutivos.
- Mecanismos de control: siempre pensando en el desempeño correcto de la dirección y en la implementación a nivel práctico y real de la planificación trazada.
- Compliance: el gobierno corporativo debe asegurar el cumplimiento de, tanto las leyes específicas, como de las normas de conducta socialmente aceptables.
- Comunicación interdepartamental y reparto de funciones: delimita la metodología, las vías de comunicación y las funciones de cada uno de los órganos directivos.
“Las normas de un Buen Gobierno pueden ser un elemento clave para incrementar el valor bursátil de las empresas, reducir los costes de capital y ampliar las bases del mercado de capitales”, destacan.
“Una buena y saludable estructura de gobierno creará las condiciones necesarias para la toma de decisiones estratégicas que funcione como palanca para el aumento de la competitividad y la generación de valor, potenciando de este modo el atractivo de la compañía en los mercados”.
El gobierno corporativo y la crisis de la COVID-19
Cuando los tangibles pierden valor, y el mercado se gira hacia los intangibles, el gobierno corporativo supone la diferencia entre el ostracismo y la confianza de las autoridades y los consumidores.
De él nace la transparencia que demandan los stakeholders en un momento de máxima inestabilidad y falta de referentes de mercado como el provocado por la pandemia del coronavirus.
El Buen Gobierno garantiza el perfil ético adecuado frente a las crecientes exigencias de clientes y accionistas, minimizando el daño de la caída en la demanda, y protegiendo vías de financiación mínimas para la supervivencia.
Por eso no sorprende que el verdadero fenómeno de este enfoque se diera precisamente tras la crisis financiera de 2008, cuando la confianza general estaba en mínimos y las empresas debían trascender sus obligaciones para generar valor.
De esta manera, de acuerdo con la Comisión Nacional de Mercados y Valores, en 2016 ya había dentro del mercado nacional un 82% de empresas con una clara orientación hacia el Buen Gobierno.
Buen Gobierno como sinónimo de Compliance
El gobierno corporativo genera valor a través de dos ramas: la ética y la normativa. Por un lado es garantía de la honestidad y los intereses sociales de la empresa, y por otro certifica el cumplimiento de determinados reglamentos.
No basta con comunicar que se tiene un Buen Gobierno, sino que es necesario acreditar la gestión eficaz de las obligaciones que derivan de estos articulados:
- Código Penal: las leyes se extienden hasta la misma directiva de la empresa, evitando que se cometan delitos de tipo penal relacionados con el fraude y las estafas.
- Ley 31/2014 de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo: articula diferentes obligaciones ético-funcionales relacionadas con el cargo de administrador.
- Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas: publicada por la CNMV en 2015, estos 25 principios y 64 recomendaciones engloban todas las buenas prácticas voluntarias de las organizaciones.
- Ley de Auditorías: asegura cosas como la rotación externa de las firmas de la auditoría cada diez años y la creación de un cuerpo de inspectores para vigilar su labor.
- Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad: armonización de la normativa nacional a nivel comunitario, introduciendo mecanismos de transparencia y equidad.
Junto a todas ellas, y relacionadas con el Compliance, también se han de mencionar las conocidas normas ISO. Algunas de ellas llegan incluso a entroncar directamente con cuestiones fundamentales del gobierno corporativo.
Consejos para un Buen Gobierno corporativo en pymes
Lo habitual es que las empresas echen a andar sin una cultura ni un gobierno corporativo definidos, y que con el paso del tiempo terminen consolidando su propia identidad a través del marco ético-normativo.
Las pymes, sin embargo, por su limitación de recursos y —en algunos casos— de experiencia y conocimientos, pueden tener problemas a la hora de alcanzar el ya mencionado Buen Gobierno.
Desde Cepyme recogen principios básicos, ad hoc para este tipo de negocios:
- Promover un ambiente de control adecuado: de acuerdo con sus necesidades, y su volumen y complejidad de operaciones. Se logra con un sistema de control interno, un sistema de información funcional, y aplicando revisiones periódicas de los controles.
- Elaborar cuentas anuales fieles a la imagen real del negocio: se han de explicar la naturaleza y la magnitud de las operaciones más importantes, y analizar los riesgos y contingencias eventuales. Es imprescindible que la pyme someta sus cuentas a una auditoría.
- Extender el principio de transparencia a las políticas fiscales: “evaluando el nivel de riesgo asumido y detallando el monto total y método de valoración de todas las operaciones realizadas con partes vinculadas”.
- Política de gestión y control de riesgos: que identifique los tipos de amenazas, establezca el nivel aceptable de riesgo y proyecte medidas para mitigar posibles impactos.
A nivel más específico, existen normas para la junta de accionistas, la remuneración de cada cargo y la comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa con todos y cada uno de los grupos de interés. Para conocerlas todas consulta la Guía del Buen Gobierno de Cepyme.
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