A diferencia de lo que han reportado otros colectivos durante el 2020, la crisis de la COVID-19 no ha detenido el crecimiento sostenido del mundo startup. Su dinamismo, naturaleza tecnológica y vocación social le han perpetuado como un motor económico de futuro.
Y es que, tal y como señala el Mapa del Emprendimiento 2020 de Spain Startup, el ecosistema nacional ya suma 2,5 años de vida media, con un porcentaje creciente de las conocidas como “scaleups”.
A esta resiliencia y empuje de los proyectos españoles, se suma el interés sorprendente de los inversores durante un año tan complicado. El Observatorio de la Fundación Innovación Bankinter y El Referente así lo indica.
Aunque los 1.101.786 millones de euros invertidos son inferiores a lo recogido en 2019, el número de rondas de financiación ha crecido de las 199 de 2018 y las 205 de 2019, hasta nada menos que las 338 del 2020.
Todo ello dibuja una confianza evidente en primeras fases semilla y preseed, y una maduración progresiva del músculo español, que respira gracias al Venture Capital y los fondos extranjeros. Receta a la que se quieren unir también las instituciones.
Hoy en MÁSMÓVIL Negocios explicamos en qué consiste la nueva Ley de Startups que ya se está cocinando en el legislativo y valoramos sus posibles efectos para las empresas a largo plazo.
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La llegada de la nueva Ley de Startups
El pasado mes de febrero el Gobierno decidió por fin escuchar las peticiones de asociaciones y organizaciones representantes, confirmando la llegada inminente de la ley que regulará a las startups.
Aunque todavía no hay fecha concreta, se estiman “escasas semanas” para la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de la normativa encargada: la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes.
Esta buscará establecer un “entorno normativo en el que se desenvuelvan nuestros emprendedores y startups, en el que la gestación y desarrollo de las iniciativas de alto componente innovador obtengan un resultado exitoso, independientemente de los factores económicos, sociales o geográficos en que tengan su origen”.
Lo que se conoce de la nueva ley es lo recogido en la consulta pública que tramitó el Ejecutivo hace pocos meses. Y ahí ya se dibuja un boceto de la materialización que se obtendrá de algunas de las demandas históricas del colectivo.
“Teniendo en cuenta el modelo económico y social español se necesita una norma con rango de ley que reconozca la singularidad de la startup como modelo de emprendimiento innovador”, opinan desde la Asociación Española de Startups.
En la práctica, la coloquialmente llamada Ley de Startups se traducirá en ventajas fiscales, incentivos de inversión, y especialmente un reconocimiento público garantista para un tipo de empresa actualmente poco comprendido.
¿Por qué se necesita una ley de startups específica?
El desembarco de una normativa concreta para estos negocios podría suscitar dudas en torno a la necesidad de sendas regulaciones para el resto de sociedades. La realidad es que la situación particular de las startups no es extrapolable a los otros tipos de empresas.
Desde AES recogen los argumentos principales que defienden la importancia de la ley que ya se está gestando para el futuro de unos negocios mejor adaptados a los retos del futuro:
- Reconocimiento: si bien se habla recurrentemente de las startups a nivel mediático, continúa existiendo cierto desconocimiento a nivel legal, social y político. “Hay dudas de cómo trabaja una startup, de su cultura, sus modelos de negocio y del impacto que tienen en la sociedad”.
- Referente legal: el resto de países europeos cuentan con normativas puntuales, pero muy lejanas a la cobertura que promete la ley española. Esta podría, no solo convertirse en modelo comunitario, sino también internacional. “Marcaría un camino a seguir, un antes y un después”.
- Catalizador financiero: la ley generaría “un efecto llamada en ámbitos internacionales” que derivaría en una mayor competitividad y atractivo de cara a los grandes inversores de países terceros.
La ley, además, “se ajusta como un guante al tipo de reformas económicas para impulsar la digitalización y la transformación económica que forman parte de lo que pide la Unión Europea a España para acceder a los Fondos Europeos de Reconstrucción”, concluyen.
Principales claves de la nueva Ley de Startups
Frente a un espacio prácticamente virgen de regulación, la ley asentará ciertas limitaciones claras para respaldar iniciativas y normativas concretas en el futuro. Sin conocer con exactitud el efecto de este articulado, este concretará:
- Requisitos organizativos, laborales, técnicos y de inversión para considerarse una startup, y los medios de acreditación.
- Criterios y condiciones a seguir por agentes inversores privados o business angels.
- Marco regulatorio de la financiación participativa (crowdfunding).
- Identificación de las barreras legales, administrativas, de financiación y otros elementos que tienen las startups.
- Clasificación de diferencias administrativas que dificultan la unidad del mercado nacional de estas empresas.
- Necesidades generales y específicas de las startups.
La Ley de Startups se encuadra dentro de la Estrategia de Nación Emprendedora (ENE), que persigue la creación de un modelo económico con el emprendimiento como bandera de actuación.
Así, todo artículo o apartado de esta normativa estará enfocada a apoyar, no solo a las startups como empresas específicas del tejido económico, sino también a toda la actividad empresarial que las rodea.
Medidas más importantes de la nueva ley
Resulta complicado definir procesos a seguir para las empresas que estén interesadas en beneficiarse de la ley. A expensas de su aprobación definitiva, es posible poner el foco en las medidas generales que perseguirá:
- Ventajas fiscales en actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, inversión y financiación.
- Incentivos laborales, de Seguridad Social, y apoyo a la captación y fidelización del talento.
- Medidas de discriminación positiva para favorecer la diversidad de género en el emprendimiento y la protección de colectivos vulnerables.
- Incentivos a grandes empresas para que integren la actividad de startup en sus cadenas de producción.
- Mejora de los mecanismos de segunda oportunidad en un colectivo muy expuesto al fracaso.
- Simplificación de cargas administrativas.
- Fomento del uso de instrumentos de compra pública que promuevan la participación de las startups en proyectos de la Administración.
Los legisladores además se reservan la posibilidad de exponer cualquier otra medida de apoyo, tomando como referencia modelos internacionales que amparen el mismo objetivo de la ENE.
¿Qué sucederá en el futuro con la tarifa plana para los autónomos societarios? ¿Se promoverá el talento y su retención? ¿Cuál será la implicación real de las instituciones? Son preguntas todas ellas que responderá más pronto que tarde la Ley de Startups.
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