La crisis sembró los ingredientes perfectos para la infracción: cese de actividades por parte del fisco y nuevos marcos regulatorios temporales. Por eso, desde el pasado 4 de junio la nueva Hacienda postcovid se ha propuesto atajar toda irregularidad.
Empresas que alargan ERTEs para evitar pagar el salario íntegro a sus trabajadores, oficinas en las que no se mantienen las medidas de seguridad contra la pandemia, abusos laborales en el teletrabajo.
Hoy en MÁSMÓVIL Negocios resumimos las medidas adoptadas por la Administración para luchar contra el fraude en un contexto de incertidumbre, aplazamientos y digitalización creciente.
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Inspecciones por videollamada
A fin de controlar las revisiones legales motivadas por la implantación del trabajo remoto, el pasado 17 de junio se modificaron dos artículos fundamentales de la Ley General Tributaria (LGT).
Ahora la Administración puede realizar inspecciones por videollamada sin tener que pasar por el extenuante proceso burocrático que habitúa a lastrar la recaudación anual del fisco por infracciones en empresas.
Así, "las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales", recoge el artículo 99 del nuevo articulado.
Sistemas, que," mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos".
Zoom o cualquier otro programa de videoconferencia podrá ser utilizado para realizar la inspección, eso sí, siempre y cuando así lo precisen los técnicos de Hacienda, y cuando el investigado dé su conformidad.
Controlar documentación y tributaciones habituales
La inspección telemática se llevará a cabo predominantemente para comprobaciones básicas y no procesos laboriosos o de gran importancia.
Este sistema "permitirá una identificación fehaciente del contribuyente sin necesidad de desplazamientos a la oficina que le remitió la notificación", esgrime la institución.
De esta forma, Hacienda podría estudiar rápidamente por qué no se ha realizado la trimestral correspondiente, o por qué no se ha enviado un determinado documento necesario para el trámite.
"El resultado de esa llamada o videollamada podría ser, por ejemplo, que el contribuyente explique al funcionario el motivo de por qué no presentó un IVA o para que el funcionario chequee por qué el contribuyente no se había dado de baja formalmente".
Las nuevas inspecciones, no obstante, no sustituirán a las tradicionales, pero sí facilitarán enormemente el trabajo de los técnicos y de los gestores y administradores de trabajadores por cuenta propia.
Vigilancia dedicada de Expedientes de Regulación Temporales de Empleo
Cuando una empresa se acoge a un ERTE, permite a la Seguridad Social pagar un porcentaje importante del salario de sus empleados.
Se entiende que el negocio no factura lo habitual debido a la crisis, y que de otra manera se vería obligado a recortar la plantilla para salvarse de la quiebra.
Sin embargo, la picaresca de más de un empresario ha tejido un contexto de sospecha continúa sobre empresas que podrían estar aprovechándose para ampliar márgenes de beneficios a costa del contribuyente.
De hecho, Hacienda estimaba a principios de junio que de los 246.000 ERTEs tramitados, unos 20.000 podrían ser fraudulentos.
Estrechando el cerco
Las sanciones que van desde los 10.001 hasta los 187.515 euros ahora serán más frecuentes gracias a la vigilancia ampliada de la Administración.
Empleados que siguen trabajando y se acogen a un ERTE, vacaciones forzosas, incapacidad para justificar la "causa mayor" que permite acceder a la prestación.
"En estos momentos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está intensificando sus actuaciones", explicaba Héctor Illueca, director de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
"Son inaceptables aquellos casos en los que las empresas continúan con su actividad laboral hallándose en situación de ERTE, y subvirtiendo la prestación laboral de sus trabajadores",
Los inspectores suelen contactar directamente con los empleados para saber si la información presentada coincide con la realidad del negocio. Comprueban datos personales, fechas del ERTE y de reincorporación.
En busca del compromiso social
El dinero recaudado por Hacienda pertenece no solo al Estado, sino a todos los ciudadanos españoles. Por eso durante años la comunicación de la institución ha ido dirigida a concienciar y buscar el compromiso social.
Detener el fraude es un deber de la Administración y también de cada ciudadano, pues esta perjudica por igual a todos.
Pensando en esa dirección, el fisco ha puesto a disposición pública un buzón online a través del que se puede contactar de forma anónima para comunicar irregularidades relacionadas con los ERTEs.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social está lanzando un compendio de mensajes de concienciación en redes sociales bajo el hashtag #ProtegerLoPúblico.
Ahí se recalca la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos públicos en un momento de necesidad económica a una escala que no se recordaba desde la Guerra Civil.
"Es fundamental que la sociedad tome conciencia de la necesidad de utilizar correctamente los recursos públicos", opinaba Illueca. "Desde la Administración tratamos de impedir que el fraude de unos pocos comprometa el esfuerzo de tantos".
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