Pese a que las pymes y los autónomos son una parte vital del tejido económico nacional, tienen una clara desventaja a la hora de adjudicarse la contratación por parte de las administraciones públicas. Y por este motivo el gobierno de España publicó la Ley de Transparencia en 2013, que ha sido modificada recientemente. Hoy queremos contarte qué es esta norma y cómo afecta a tu empresa.
Qué es la Ley de Transparencia
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En España las pymes suponen el 99,8% del total del tejido empresarial y representan un 62% del valor añadido bruto (VAB). Además, son estas organizaciones las que dan empleo a 6 de cada 10 trabajadores.
Pues bien, la nueva Ley de Transparencia 14/2022 pretende regular la contratación pública de pymes y autónomos. Su objetivo es mejorar la situación actual, que dificulta la adjudicación de contratos con la administración pública española.
Tal y como indican el texto original:
“Las microempresas, pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel clave en el crecimiento y fortalecimiento de la economía española y el fomento de la competitividad. En España, las pymes suponen el 99,8 % del total del tejido empresarial, representando poco más del 62 % del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 64,2 % del empleo empresarial total. Su importancia para nuestra economía plantea que cualquier política de mejora de la competitividad atienda de forma prioritaria a las pymes.
En este contexto, la participación de las pymes en los procedimientos de contratación pública es esencial para la actividad económica de los países miembros de la Unión Europea. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, mandata facilitar la participación de estas en la contratación pública y permite avanzar en el porcentaje de pymes que participan de dichas licitaciones. No obstante, en el año 2017, se estimó que el porcentaje total de contratos públicos adjudicados fue en España de un 29,45 por ciento, aún lejos de una ratio deseada.”
Así, esta ley actualizada quiere que pymes y autónomos puedan acceder a ser clientes de la administración pública ya que busca aumentar su participación a la hora de conseguir contratos. Este problema no lo abordó la norma 19/2013 en su momento.
En qué afecta la nueva ley a pymes y autónomos
Gracias a la nueva Ley de Transparencia la competitividad de pymes y autónomos aumentará notablemente a la hora de adjudicarse contratos con la administración pública.
Para fomentar la participación de las pymes en los contratos del sector público, las administraciones deberán publicar la información relativa a los actos de gestión administrativa de cariz económico o presupuestario.
De este modo, se podrá acceder a la adjudicación indicando “Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración. Además de los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato”.
La ley también exige que sean publicadas las estadísticas sobre el porcentaje del presupuesto de los contratos adjudicados y de los previstos.
Gracias a ello se reflota este pilar económico nacional, además de darles las herramientas necesarias a unos y otros.
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